Muy polémico sigue siendo el caso de Cúcuta Deportivo, castigado este jueves con la suspensión del reconocimiento deportivos por sus millonarias y sucesivas cuentas pendientes por parte del Ministerio de Deporte.
El organismo gubernamental publicó este jueves la decisión, que era esperada por las constantes quejas en contra de su presidente José Augusto Cadena, por atrasos en los salarios y la seguridad social de varios de sus jugadores.
Sin embargo, la Dimayor sorprendió con un comunicado en el que aseguraba que dejó claro su apoyo al cuestionado equipo y su directiva, asegurando que las obligaciones que fueron materia de investigación y que motivaron la sanción fueron canceladas a tiempo.
"El club afiliado le informó a DIMAYOR que se encuentra al día con las obligaciones laborales a su cargo y con los aportes al Sistema General de Seguridad Social entre el 31 de diciembre de 2018 y el 31 de agosto de 2019, que corresponde al período objeto de la sanción", dice el texto.
Sin embargo, el Ministerio de Deporte le respondió con contundencia: "a la fecha el CÚCUTA DEPORTIVO FÚTBOL CLUB S.A. "EN REORGANIZACIÓN", no ha presentado soporte alguno que acredite el supuesto pago alegado, pues no se han allegado los comprobantes de cumplimientos de las obligaciones laborales a su cargo, desde el 31 de diciembre de 2018 hasta el 31 de agosto de 2019 que así lo demuestren. Por tal motivo, en el recurso de reposición y de apelación se mantuvo la decisión de sancionar al organismo deportivo".
Entonces, ¿pagó o no pagó? Pues si lo hizo, debió informar no a Dimayor sino al Ministerio que le tenía un proceso abierto: "se aclara que el CÚCUTA... tiene la obligación como vigilado perteneciente al Sistema Nacional del Deporte, de informar al ministerio sobre dichos pagos, más aún cuando se tenía conocimiento por el club que cursaba una investigación en su contra por dicha razón", explicó el ente gubernamental.
Un capítulo aparte dedicó el ministerio, al mando de Ernesto Lucena, a la supuesta mediación que habría intentado Dimayor para no llegar a medidas tan radicales: "en cuanto a la manifestación de la mediación de la DIMAYOR frente al caso del CÚCUTA, es indiscutible que al club profesional de fútbol se le respetó el debido proceso y el derecho de defensa, siendo muestra de ello el respeto de los términos y etapas procesales, así como la obligación legal de hacer uso estricto de dichas etapas dentro del proceso administrativo sancionatorio, en las cuales el club profesional pudo acreditar el pago de las sumas adeudadas, lo cual hasta la fecha no hizo, razón por la que se llega a la decisión definitiva en el recurso de apelación".
Se infiere la molestia del Ministerio por la decisión de Dimayor de permitir que Cúcuta siga jugando, al menos por ahora, y a una frase que da la sensación de que no se han surtido trámites que para el Gobierno se hicieron y no son modificables: "Concluidos los trámites previstos en la ley aplicable, la DIMAYOR estudiará la decisión correspondiente y procederá conforme a la legislación vigente, sus Estatutos y la reglamentación aplicable", dijo Dimayor en su comunicado.
¿Se viene un nuevo pulso como aquel que, en el inicio de la pandemia, costó la cabeza del expresidente Jorge Enrique Vélez? ¿No estaba siendo tan fluida la relación del Gobierno con el fútbol como para venir ahora a hablar en público y por comunicados de prensa? ¿Vale la pena ese riesgo por un equipo con evidentes problemas económicos como Cúcuta Deportivo? Dudas sin respuesta en este cruce de textos.
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